La anti economía en Venezuela (I): la aversión a la microeconomía

El antagonismo hacia la economía de mercado

Desde el año 1946 hasta el presente en Venezuela ha dominado una cultura contraria a la economía de mercado. Solo dos modelos de modernización con visión económica de país han sido conocidos: el del Gobierno del presidente Isaías Medina Angarita (1941-46) y el del Gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-93), ambos no culminaron su ejercicio, el primero por un golpe de estado y el segundo por un juicio político. Durante los otros períodos presidenciales solo hubo intentos aislados como la “sustitución de importaciones”, la “promoción de exportaciones”, la “Gran Venezuela”, siempre sujetos a la impronta político-ideológica electoral y al populismo. Es una historia donde cualquier intento de ofrecer sustentación económica al proyecto de país ha sido descalificado con epítetos como “neoliberalismo salvaje”, “tecnocracia”, “desarrollismo”, … Ha sido un escenario donde se ha impuesto una racionalidad centralista del poder y del conocimiento.

El razonamiento económico en Venezuela.

En Venezuela existe una aversión tan grande hacia la economía que hasta los propios economistas evitan el análisis más allá de la esfera macroeconómica, prevalece la idea de que el razonamiento económico no es el más adecuado porque supone penalidades que a nadie le gusta asumir, por lo tanto, una amenaza para el posicionamiento en procesos electorales. Hay una suerte de contubernio para eludir la responsabilidad de tomar decisiones que involucran el compromiso y la participación de la gente para producir y generar valor, no para recibir dádivas sin contrapartida alguna. Es una especie de anti-economía que ha hecho tanto o más daño que la anti política. En las sucesivas líneas vamos a reflexionar sobre ese modo particular de entender a la economía en nuestro país. En nuestro país existe una permanente crítica hacia el oficio de la economía, no carente de interés, sobre todo de interés político.

Una economía dominada por el enfoque macroeconómico.

La economía tiene una gran complejidad por lo que cualquier medida aislada no da lugar por sí misma buenos resultados. En Venezuela, el discurso dominante centra su atención en la inflación, en la insuficiencia de divisas, en la escasez de bienes y servicios, en un gobierno que gasta sin alcanzar buenos resultados y en la inseguridad, estos problemas son vistos como manifestaciones de desequilibrios profundos a nivel monetario (emisión irresponsable de dinero), a nivel fiscal (déficit fiscal), a nivel cambiario (insostenibilidad del régimen de control de cambios), a nivel judicial (por impunidad y falta de autonomía de los poderes públicos). Con una aproximación parcial macroeconómica se puede concluir erróneamente que tratando cada tema de manera aislada tenemos la solución de todos los problemas del país, así bastaría con:

• Controlar la emisión irresponsable de dinero, por la vía de una dolarización o de una enmienda que impida constitucionalmente hacerlo,
• Controlar el déficit fiscal,
• Unificar y hacer transparente el sistema cambiario (con una dolarización plena o una caja de conversión u otra opción sin emisión irresponsable de dinero),
• Restituir la autonomía de los poderes públicos.

Son medidas necesarias que deberíamos acometer de inmediato para devolver la tranquilidad y sosiego a los venezolanos, pero son insuficientes cada una aislada de las otras. Este enfoque parcial puede conducir al desastre, pues los eventos mencionados son signos de un mal mayor relacionado con el impacto regulatorio de la acción gubernamental y con la propagación de una racionalidad a nivel de las decisiones individuales del individuo, del funcionario, de la empresa, del propietario, en el cual se recrean todos los incentivos para la ineficiencia, la inefectividad y la ineficacia, para hacer cualquier cosa menos para crear valor.

Una economía sin presencia de razonamiento microeconómico.

La acción regulatoria del gobierno, en ausencia de estudio de sus impactos, puede dar lugar a comportamientos inesperados de quien toma decisiones, que lejos de mejorar una situación la empeora. En Venezuela, un ejemplo de este tipo de política pública es la inamovilidad laboral que puede dar lugar a las consecuencias siguientes:

• Como resulta difícil gestionar un despido, por muy justificado que sea, se busca un gestor bien relacionado que resuelva el problema ante las instancias públicas, y que libere la conciencia de algo poco ético que hará el gestor (asimetría de información e incentivo perverso).
• Cómo en una convención colectiva siempre hay que acordar propuestas fuera de toda racionalidad económica, entonces se negocia con sindicatos profesionales para que reduzcan ese costo con pagos por la firma del convenio, se exprime a la organización hasta su destrucción (tragedia de los comunes, asimetría de información e incentivo perverso).

Esto ocurre cuando se asume que las regulaciones no tienen efectos secundarios y se olvida que pueden ser mayores que el problema que pretenden resolver.

Una economía fuera del contexto institucional.

En el ámbito de la economía, los fallos del mercado se manejan a través de normas sujetas al análisis previo de impacto regulatorio, para evitar otras imperfecciones derivadas de las mismas regulaciones, en términos de incentivos perversos, asimetrías de información y riesgo moral. En materia política económica la acción gubernamental es una sesión o delegación transitoria de poder que la sociedad otorga a unas pocas personas para ejercer el poder en su nombre, ante la imposibilidad de que todos los miembros de la sociedad cada uno por su lado pueda administrar los fallos del mercado y la producción de bienes y servicios públicos. Esa delegación de poder para el ejercicio de la acción pública debe estar sujeta a contrapesos de poder, de manera que se aminore la posibilidad del ejercicio abusivo e interesado de esas atribuciones por parte de los funcionarios y gobernantes. Los poderes públicos deben ser autónomos e independientes, unos en relación con los otros.