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La Improvisación como norma: «El Plan de ajustes económicos de Venezuela – Enero 2015» (Francisco J Contreras M)

AntiecoIIIExtracto.

Como ha sido corriente, esta experiencia de Gobierno Socialista lo que se presenta como planes no va mas allá de un compendio de promesas. En esta oportunidad, peor ni siquiera existe en el ámbito macroeconómico, salvo la intención de efectuar una corrección del tipo de cambio y un nuevo mecanismo de administración del otorgamiento de divisas. Las otras promesas tienen el inconveniente de agravar los desajustes macroeconómicos, pues alimentan el gasto y no la recaudación.

Está ausente una propuesta microeconómica favorable al crecimiento económico y al emprendimiento, solo se menciona un ultimátum que afecta al sistema de logístico del país. No se encuentra en los anuncios una aproximación que desbloquee los fallos del mercado inducidos por las regulaciones. Lo institucional ni se menciona.

Lo que no se señala pero si está en marcha es un conjunto de providencias fiscales que prácticamente hacen del contribuyente un infractor de la ley. Tampoco es una salida, porque con una crisis como la que sufre el país difícilmente las fuentes de recursos tributarios aumenten, mas bien bajo crisis la renta disminuye, y al disminuir, lo hace también la recaudación.

Ámbito macroeconómico

La estabilización económica es uno de los propósitos de las políticas públicas, requiere del mantenimiento de un adecuado equilibrio fiscal entre el gasto y los ingresos públicos, de una gestión acorde de la creación de dinero y de un mecanismo regulador de los pagos internacionales. La evidencia del profundo desajuste de la economía venezolana se refleja: primero, en un altísimo nivel de inflación y escasez, y segundo, en una insuficiencia estructural de reservas internacionales.

En términos de estabilización, Venezuela necesita una racionalización del gasto público y el restablecimiento del equilibrio fiscal, ambos objetivos exigen un gasto orientado hacia el crecimiento económico que genere mayores recursos a través de la recaudación fiscal. Que se anuncia mas gasto corriente. La propuesta gubernamental es de aumento del gasto corriente, no del gasto que induce crecimiento económico: mas becas y aumentos de salarios, con una severa restricción de divisas, amplían y propagan mas la inflación. Hay una propuesta económica que si podría tener impactos sobre el crecimiento: la construcción de viviendas, pero no se dice cómo se financiará ese gasto público de inversión.

Con respecto al mecanismo regulador de los pagos internacionales, la apuesta es clara: una devaluación de la tasa de cambio, manteniendo el racionamiento de divisas, se ha expresado que habrá un mecanismo de pagos por la vía de subasta, pero no se informa en qué consiste, igualmente el tema de ajuste del precio de la gasolina queda en la incertidumbre.

Mientras no se aclare cómo se financiará el programa de viviendas y el nuevo esquema cambiario, la ejecución de las medidas de impacto inmediato, tendrán como fuente de financiamiento la creación de dinero inorgánico, la consecuencia será mas inflación y escasez.

Ámbito microeconómico

No hay ninguna alusión sobre análisis del cómo las empresas y los individuos actuarán hipotéticamente frente a las medidas fiscales, monetarias y administración del tipo de cambio. Ni propuesta para hacer mas eficiente al mercado. Las elocuciones a través de los medios hacen pensar que la naturaleza de las medidas microeconómicas van en la dirección de intensificar el poder discrecional de los funcionarios públicos y de activistas políticos para la intervención, supervisión y administración (en el caso de expropiación) de las cadenas de suministros en el país. Por los diferentes medios nacionales se muestra la actuación de esas personas en las empresas manufactureras y de servicios. En los casos vistos, hasta ahora, de confiscación y expropiación, el control por parte del Gobierno, no ha resuelto el problema, basta con observar lo que ha acontecido desde la producción de cemento, cabillas, hasta la producción de envases de vidrio, es fácil anticipar lo que podría ocurrir a nivel logístico en el país.

Dos consecuencias negativas se derivan de un procedimiento de carácter discrecional como el referido. Primero, las personas cuyo ejercicio discrecional ha sido habilitado para ejercer tareas de supervisión son profesionales con competencias totalmente diferentes a las necesarias para administrar una red logística, la dirección de una red de suministros requiere un profundo conocimiento especializado y experiencia, cuando se transfieren las responsabilidades logísticas a funcionarios públicos, los flujos de aprovisionamiento se rompen, se hacen lentos y se introducen filtraciones en el sistema con pérdidas de materias primas, bienes y servicios. Segundo, los controles de precios crean todo tipo de incentivos perversos a medida que se intensifican, así el costo de no conseguir lo que se busca, mas el costo de la propia búsqueda y mas el costo del tiempo en colas, llegan a ser superiores al costo de infringir la ley, en ese momento es indetenible la proliferación de los mercados negros con su secuela social de erosión de la base productiva del país. Los gestores de escasez, hacedores de cola, informales mas el costo de las regulaciones sumen al país en la miseria propia de los sistemas comunistas.

En tanto no exista una política de regulación a través del mercado, toda medida dará lugar a reasignaciones de recursos desde actividades productivas (manufactura y operaciones logísticas) hacia actividades no productivas (gestores de escasez, de colas de información, gastos de regulación innecesarios). Se alimenta la escasez y la inflación por improductividad del sistema.

Ámbito institucional.

Gran ausencia, que ni se nota en nuestro país, ello es así por dos razones, primero, es un estado con tradición presidencialista y con centralismo en el ejercicio del poder, existe la idea de que la efectividad de una política pública depende las declaraciones de alguien que desde su palco mediático, da órdenes aquí y allá, segundo, no hay independencia y autonomía en los poderes públicos que permita la existencia de contra balances de poder y la supervisión automática y no discrecional de las políticas públicas, esto crea condiciones favorables para que priven sobre el interés público, el interés personal del funcionario con poderes discrecionales.

Mientras no existan contra balances entre las diferentes esferas del poder público, el interés general que debe caracterizar la acción pública, se desviará hacia el interés individual de quienes detentan el poder, actividades de transferencia que destruyen valor.

Los criterios para la formulación de un plan económico de ajustes.

Propuesta macroeconómica:

  • Equilibrio fiscal con reajuste gradual del gasto público hacia la inversión pública y al crecimiento económico.
  • Eliminación de la creación de dinero inorgánico.
  • Eliminación del sistema de ajustes de pagos externos con tipos de cambios diferenciales, con existencia de un sistema de cambio flexible y uno libre en función de subastas en un mercado paralelo.

Propuesta microeconómica

  • Sustitución de las regulaciones discrecionales y de los controles de variables resultados por un mecanismo de regulaciones a través del mercado.
  • Sometimiento de toda regulación a evaluación de impacto regulatorio para evitar los incentivos perversos, el riesgo moral y las asimetrías de información.

Propuesta institucional

  • Eliminación de leyes habilitantes.
  • Legitimación de los poderes públicos de manera que se garantice independencia y autonomía, de los unos con respecto a los otros.

La anti-economía en Venezuela (II): inmediatez, falsa abundancia y centralismo

En nuestro país es extendida la idea de que los problemas pueden ser resueltos de manera instantánea eliminando las manifestaciones de los males públicos. Cada uno anda en la búsqueda de un líder y de un gobierno que le proporcione todo sin esfuerzo alguno, pero solo hay progreso si se crea riqueza y se produce de manera consensual con la participación de la mayoría y de su esfuerzo creador, de lo contrario no hay nada a repartir. La gente debe convencerse de que no es posible mejorar arrebatando a otros lo que le hace falta.

Debe existir una «alternabilidad» en el ejercicio del poder, esta es una condición necesaria en un país donde las fuentes primarias de creación de valor están en manos del Estado, cuando esto ocurre nada obliga a los gobiernos a promover el crecimiento ni el desarrollo, pues no dependen de lo que produce la sociedad sino de la circunstancia fortuita de ser administradores de las principales fuentes generadoras de ingresos. Estas autoridades no requieren un poderoso sector productivo que genere tributos ni una clase media ilustrada esencial para el desarrollo, bajo el autoritarismo estos sectores son considerados como amenaza para sus intereses. Un estado en el cual existe perpetuación en el ejercicio de gobierno requiere una masa de pobres habituados a las dádivas y una clase parásita viviendo del lado oscuro de los fallos del mercado, esencialmente de mercados paralelos de toda naturaleza.

En países con debilidad institucional y gobernanza “populista-iliberal” la gente asocia su estado de bienestar con la acción gubernamental, espera que el gobierno y hasta el mismo presidente sean quienes resuelvan todos sus problemas, la gente piensa “Ojalá el Gobierno controle los precios”, “los comerciantes son especuladores”, “se hace cola pero el tiempo pasa rapidito y llega el momento que a uno le toca, ay!! si no fuera por mi Presidente”, “con equipa tu casa se pasa trabajo en colas, pero es un regalo”. No hay sentido de responsabilidad hacia sí mismo, se aguarda que el Gobierno lo resuelva todo, la gente no identifica el origen los males públicos con la acción gubernamental.

La idea de unos recursos ilimitados llevó a los políticos y a los economistas a la hipótesis de que era posible liberarse del principio de la escasez, que no se tenía que ser muy cuidadoso en el uso de los recursos materiales y financieros ni evitar despilfarros, sino lograr, como fuere, su utilización para mantener a todos felices librados de la escasez. De esta manera cuando el individuo interpreta a los males públicos como algo externo e incontrolable, también se libra de toda responsabilidad hacia sí mismo. No obstante, nadie está absolutamente desprovisto de recursos y competencias y tampoco su contexto externo cercano está pleno únicamente de amenazas. Es importante ubicarse estratégicamente en lo que se posee y en las oportunidades del entorno cercano para promover la acción pública desde el propio ecosistema local y regional.

Hemos recreado un sistema que, en virtud de la gran magnitud de recursos que llegaron a manejar los gobiernos, tuvo sus efectos positivos en grandes obras civiles, infraestructura física y empresas nacionales con apariencia global, pero difícilmente sostenibles sin una renta excedente, creciente e infinita derivada del petróleo.

Los venezolanos han estado tan abrumados y acostumbrados al centralismo que, aun cuando en cada región haya universidades, emprendedores, instituciones y un conocimiento decisivo de sí, siempre se busca fuera de lo local la voz experta que diga lo que quieren escuchar, mas no las verdades sobre el esfuerzo y el compromiso necesario para tener éxito. Regionalmente hemos dejado a un lado la localidad de nuestra tragedia y de sus soluciones, escuchando historias conocidas sobre lo nacional y muy poco sobre lo provincial. En las diferentes regiones, la descapitalización de la industria inducida por las regulaciones arbitrarias es atroz. A la destrucción de la base productiva industrial por obsolescencia se suman los causados al talento humano y a los intangibles organizacionales.

A modo de ejemplo, Carabobo industrial en gran medida se hizo en los sesenta con su Universidad de Carabobo en alianza con el Concejo Municipal de Valencia, unos emprendedores pioneros y unas empresas transnacionales que creyeron en este estado y su visión. Un segundo impulso industrial se vivió entre finales de los ochenta y mediados de los noventa. Las buenas prácticas de manufactura, de incentivos al conocimiento, de bonificación por desempeño y de la calidad total, permitieron que muchas empresas exportaran, incluso hacia mercados exigentes como el japonés. Fue un buen momento para el grupo Sivensa, el grupo Corimon y Mavesa, hubo empresas cuyas acciones se transaban en las bolsas de valores internacionales. No buscaron apoyo mediático en la capital, ni de expertos en decir lo que se quiere escuchar, se hizo con iniciativa local, se creó un “Know How” de servicios de consultoría, capacitación y formación profesional, en manufactura, procesos, administración, gerencia con prestigio en América Latina como FUNSEIN (https://bit.ly/39vEBbp), FUNDAMETAL (https://bit.ly/2ZYpbcC), CEATE (https://bit.ly/39u8Uz3) y UNITEC (Universidad Tecnológica del Centro – https://bit.ly/3jS4wPo).

 

La anti economía en Venezuela (I): la aversión a la microeconomía

El antagonismo hacia la economía de mercado

Desde el año 1946 hasta el presente en Venezuela ha dominado una cultura contraria a la economía de mercado. Solo dos modelos de modernización con visión económica de país han sido conocidos: el del Gobierno del presidente Isaías Medina Angarita (1941-46) y el del Gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-93), ambos no culminaron su ejercicio, el primero por un golpe de estado y el segundo por un juicio político. Durante los otros períodos presidenciales solo hubo intentos aislados como la “sustitución de importaciones”, la “promoción de exportaciones”, la “Gran Venezuela”, siempre sujetos a la impronta político-ideológica electoral y al populismo. Es una historia donde cualquier intento de ofrecer sustentación económica al proyecto de país ha sido descalificado con epítetos como “neoliberalismo salvaje”, “tecnocracia”, “desarrollismo”, … Ha sido un escenario donde se ha impuesto una racionalidad centralista del poder y del conocimiento.

El razonamiento económico en Venezuela.

En Venezuela existe una aversión tan grande hacia la economía que hasta los propios economistas evitan el análisis más allá de la esfera macroeconómica, prevalece la idea de que el razonamiento económico no es el más adecuado porque supone penalidades que a nadie le gusta asumir, por lo tanto, una amenaza para el posicionamiento en procesos electorales. Hay una suerte de contubernio para eludir la responsabilidad de tomar decisiones que involucran el compromiso y la participación de la gente para producir y generar valor, no para recibir dádivas sin contrapartida alguna. Es una especie de anti-economía que ha hecho tanto o más daño que la anti política. En las sucesivas líneas vamos a reflexionar sobre ese modo particular de entender a la economía en nuestro país. En nuestro país existe una permanente crítica hacia el oficio de la economía, no carente de interés, sobre todo de interés político.

Una economía dominada por el enfoque macroeconómico.

La economía tiene una gran complejidad por lo que cualquier medida aislada no da lugar por sí misma buenos resultados. En Venezuela, el discurso dominante centra su atención en la inflación, en la insuficiencia de divisas, en la escasez de bienes y servicios, en un gobierno que gasta sin alcanzar buenos resultados y en la inseguridad, estos problemas son vistos como manifestaciones de desequilibrios profundos a nivel monetario (emisión irresponsable de dinero), a nivel fiscal (déficit fiscal), a nivel cambiario (insostenibilidad del régimen de control de cambios), a nivel judicial (por impunidad y falta de autonomía de los poderes públicos). Con una aproximación parcial macroeconómica se puede concluir erróneamente que tratando cada tema de manera aislada tenemos la solución de todos los problemas del país, así bastaría con:

  • Controlar la emisión irresponsable de dinero, por la vía de una dolarización o de una enmienda que impida constitucionalmente hacerlo,
  • Controlar el déficit fiscal,
  • Unificar y hacer transparente el sistema cambiario (con una dolarización plena o una caja de conversión u otra opción sin emisión irresponsable de dinero),
  • Restituir la autonomía de los poderes públicos.

Son medidas necesarias que deberíamos acometer de inmediato para devolver la tranquilidad y sosiego a los venezolanos, pero son insuficientes cada una aislada de las otras. Este enfoque parcial puede conducir al desastre, pues los eventos mencionados son signos de un mal mayor relacionado con el impacto regulatorio de la acción gubernamental y con la propagación de una racionalidad a nivel de las decisiones individuales del individuo, del funcionario, de la empresa, del propietario, en el cual se recrean todos los incentivos para la ineficiencia, la inefectividad y la ineficacia, para hacer cualquier cosa menos para crear valor.

Una economía sin presencia de razonamiento microeconómico.

La acción regulatoria del gobierno, en ausencia de estudio de sus impactos, puede dar lugar a comportamientos inesperados de quien toma decisiones, que lejos de mejorar una situación la empeora. En Venezuela, un ejemplo de este tipo de política pública es la inamovilidad laboral que puede dar lugar a las consecuencias siguientes:

  • Como resulta difícil gestionar un despido, por muy justificado que sea, se busca un gestor bien relacionado que resuelva el problema ante las instancias públicas, y que libere la conciencia de algo poco ético que hará el gestor (asimetría de información e incentivo perverso).
  • Cómo en una convención colectiva siempre hay que acordar propuestas fuera de toda racionalidad económica, entonces se negocia con sindicatos profesionales para que reduzcan ese costo con pagos por la firma del convenio, se exprime a la organización hasta su destrucción (tragedia de los comunes, asimetría de información e incentivo perverso).

Esto ocurre cuando se asume que las regulaciones no tienen efectos secundarios y se olvida que pueden ser mayores que el problema que pretenden resolver.

Una economía fuera del contexto institucional.

En el ámbito de la economía, los fallos del mercado se manejan a través de normas sujetas al análisis previo de impacto regulatorio, para evitar otras imperfecciones derivadas de las mismas regulaciones, en términos de incentivos perversos, asimetrías de información y riesgo moral. En materia política económica la acción gubernamental es una sesión o delegación transitoria de poder que la sociedad otorga a unas pocas personas para ejercer el poder en su nombre, ante la imposibilidad de que todos los miembros de la sociedad cada uno por su lado pueda administrar los fallos del mercado y la producción de bienes y servicios públicos. Esa delegación de poder para el ejercicio de la acción pública debe estar sujeta a contrapesos de poder, de manera que se aminore la posibilidad del ejercicio abusivo e interesado de esas atribuciones por parte de los funcionarios y gobernantes. Los poderes públicos deben ser autónomos e independientes, unos en relación con los otros.