Ordenanzas confiscatorias y la anti economía en Venezuela

Crisis fiscal y ordenanzas confiscatorias.

Venezuela es un país con una severa crisis fiscal que también afecta a las alcaldías, en algunas la respuesta mas fácil ha sido modificar las ordenanzas municipales, subiendo las alícuotas de patente y comercio en niveles confiscatorios, sin darse cuenta se están deglutiendo el futuro, y mas importante, dañando la base económica local. Es usual que las alícuotas se presenten en tantos por mil, ya algunas alcaldías se ha rebasado los niveles de tantos por cien, con aumentos de mas de 700 %. Otra opción es la de la fiscalización intensa de manera de ajustar la alícuota modificando el objeto de la actividad económica hacia aquellas con mayor tributo o de encontrar cualquier evento que de lugar a sanciones y multas.

Adicción fiscal municipal.

El camino de menor resistencia.

La debilidad institucional y una creencia por parte de los gobernantes en Venezuela, al suponer que son dueños de algo y no representantes de una comunidad, son las fuentes de todo tipo de políticas públicas que lejos de procurar el bien público, se transforman en verdaderos males públicos. Es el camino de menor resistencia, para quien detenta poder discrecional, el cual le otorga impunidad y aureola de efectismo cuando formula providencias o actos de gobierno. Es así que sin la evaluación de las consecuencias y efectos secundarios algunas alcaldías en Venezuela han tomado la vía de modificaciones en las ordenanzas fijando alícuotas que tienen características confiscatorias.

El populismo-iliberal en la gobernanza local

Bajo el imperio de lo mediático se busca la justificación de cualquier desafuero bajo el supuesto de que los actos de gobierno por si mismo favorecen al pueblo, los gobernantes se la pasan a la caza de cualquier descontento popular para en responsabilizar a otros sobre sus causas, olvidando su propia responsabilidad. Por ejemplo, asociar el congestionamiento vial y el mal estado de la vialidad con aquellas actividades que precisamente son las que generan valor económico, empleo y crecimiento en una localidad, ni por pura casualidad analizan el problema para efectuar una correcta evaluación y formular políticas públicas. Ni mejoran la vialidad, ni formulan reglas e incentivos para reducir los efectos nocivos de la actividad económica, simplemente deciden aumentar los tributos sin enunciar los proyectos que van a financiar.

La adición al gasto

La adicción al gasto es una de las patologías mas funestas que sufren quienes tienen responsabilidades de gobierno en Venezuela, no existe en la anti economía pública la noción de escasez de los recursos cualesquiera que sean. Actualmente, en medio de una crisis económica, a algunas las alcaldías no se les ocurre utilizar la economía normativa para aupar el crecimiento económico y el empleo en su lar, sino golpear al sector productivo en su peor momento. No tienen el conocimiento, ni la capacidad y tampoco la creatividad para formular regulaciones que le proporcionen una fuente estable y creciente de tributos a la municipalidad en el tiempo, simplemente buscan extraer en el instante el máximo de renta de los contribuyentes, mas allá de su capacidad de pago. Es una suerte de cacería para modificar el objeto de la actividad económica del contribuyente hacia aquellos de mayor tributación, es también la fiscalización arbitraria en búsqueda de cualquier recurso para fijar sanciones, multas y extraer rentas.

Los principios de la formulación de los tributos municipales

El principio de la capacidad económica o de pago.

La formulación de una alícuota de una ordenanza municipal debe establecerse en función de la renta que se percibe de la actividad económica y de la capacidad de pago del contribuyente, de forma que la imposición resulte igualmente onerosa, en términos relativos, para cada contribuyente. En relación con la renta, la incidencia del tributo sobre el contribuyente tiene que ser igual para todos en términos de proporcionalidad (tamaño de la renta) y progresividad (variación en las escalas de renta). Las alcaldías en Venezuela no presentan en la formulación de sus ordenanzas el cumplimiento y justificación con base en los principios de proporcionalidad y progresividad. Las alícuotas son sobre montos fijos y no son variables según la capacidad de pago del contribuyente (no hay progresividad), y son diferentes entre contribuyentes del mismo ramo dependiendo de la localización administrativa de la sede de la empresa (la diferencia entre los tributos pagados por empresas con el mismo objeto social son diferentes dependiendo de su sede legal).

Eficiencia económica.

El sistema tributario no debe distorsionar la asignación eficiente de los recursos. Esto es, no debe inducir decisiones económicas en los agentes distintas a las que adoptarían en una situación de naturaleza competitiva. Ello significa que el sistema tributario no debe afectar negativamente la eficiencia económica y el buen funcionamiento de la competencia que la hace posible. La política fiscal debe evitar cualquier consecuencia involuntaria que perjudique el funcionamiento de unos en favor de otros y debe suprimir o atenuar las imperfecciones del mercado. La política fiscal debe estructurarse, tanto en su totalidad como en sus elementos constitutivos, de forma que no frene el crecimiento y pueda ejercer una influencia positiva sobre el mismo, si no alcanzase el ritmo adecuado.

Flexibilidad.

Hace alusión a la capacidad de adaptación rápida del sistema fiscal a las variaciones cíclicas y estructurales de la economiía. Remite, por tanto, a las respuestas estabilizadoras de la política impositiva con la finalidad de atenuar los ciclos económicos, y a las adaptaciones del sistema fiscal a los cambios económicos estructurales o de fondo (globalización, innovaciones económicas, etc.). La administración fiscal debe limitar su intervención en la esfera privada de los contribuyentes, y en el ejercicio de la libertad económica individual, al mínimo imprescindible, para la observancia de los principios presupuestario-fiscales y de justicia (considerados como de rango superior) y los asociados a las políticas de estabilización y crecimiento.

Justicia o equidad.

El sistema tributario debe responder a los criterios comúnmente aceptados de justicia en el tratamiento de los diferentes individuos. Estos criterios pueden adoptar dos perspectivas, la equidad vertical, que es el principio que dice que se debe tratar fiscalmente de forma distinta a personas que están en circunstancias diferentes. Y el de la equidad horizontal, que nos indica que a igualdad de circunstancias, el trato fiscal debe ser idéntico. La política tributaria debe alterar la distribución primaria de la renta provocada por el mercado, disminuyendo las diferencias de renta mediante la progresividad. La política fiscal debe evitar intervenciones fragmentarias y asistemáticas que favorezcan o perjudiquen injustificadamente a ciertos grupos económicos, sectores productivos o categorías de gasto, o la adopción de ciertas formas jurídicas.

Territorialidad[1]

El sistema fiscal representado en las ordenanzas municipales son tributos de carácter territorial, por lo que sólo puede causarse en el lugar donde se efectúa la actividad, esto es, en la jurisdicción del Municipio recaudador, independientemente del lugar donde esté domiciliado o ubicado el particular que realiza o ejecuta la actividad. Esta característica obedece al principio de territorialidad como límite de la imposición nacional, estadal o municipal, consagrado en el artículo 11 del Código Orgánico Tributario, según el cual: “las normas tributarias tienen vigencia en el ámbito espacial sometido a la potestad del órgano competente para crearlas”. Ahora bien, en la medida que las actividades comerciales, industriales y de servicios que realiza una empresa trasciendan los límites territoriales de un determinado Municipio, el principio de territorialidad se vinculará con los elementos objetivos del hecho imponible, como el lugar de la fuente productiva y la ubicación de la capacidad contributiva, entre otros, como lo ha expresado el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de la Sala Constitucional del 6-07-2002, caso: Cervecería Polar del Centro, C.A., Vs. Municipio San Carlos del Estado Cojedes:

[…] el impuesto sobre Patente de Industria y Comercio posee carácter territorial, en el sentido de que el poder tributario municipal tiene como límite la jurisdicción a la cual se circunscribe el Municipio acreedor de dicho impuesto. En razón de lo anterior, para que un contribuyente efectivamente se constituya como sujeto pasivo del impuesto en estudio, debe existir una forzosa vinculación entre el territorio del Municipio exactor, y los elementos objetivos que hace nacer el tributo, tales como, el lugar de la fuente productiva y la ubicación de la capacidad contributiva, y no basado en datos personales como el domicilio o la nacionalidad del contribuyente que constituyen datos subjetivos asociados a cualidades personales del contribuyente, típicos de los impuestos personales a la renta o al patrimonio neto [….].

El aumento de las alícuotas en las alcaldías tiene un efecto multiplicador, ya que afecta el ingreso bruto de los contribuyentes. El inconveniente de una recaudación fiscal confiscatoria es que a la larga provoca la quiebra de las empresas y la reducción de la recaudación futura con todos los efectos socioeconómicos sobre la generación de valor económico y sobre el empleo.

En Venezuela hay todo tipo de regulaciones económicas, entre ellas la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ), que deja fuera de las tablas de costos importantes rubros a nivel de gastos (solo se reconoce el 12,5% de los costos de producción), gastos importantes para asegurar la generación de valor en las operaciones. Hay que señalar que las regulaciones son tan extensas y variadas en Venezuela que las empresas deben crear unidades administrativas y burocracia que suman gastos que en nada contribuyen con las operaciones, que a su vez no son reconocidas por la LOPJ.Los tributos municipales estarían llegando a un nivel que podría considerarse confiscatorio para las actividades empresariales. Esta voracidad tiende a hacerse mayor en virtud de que el gobierno central, con dificultades fiscales, reduce o incumple con las transferencias que debe asegurar a los gobiernos municipales. El aumento de las alícuotas en las alcaldías tiene un efecto multiplicador, ya que afecta el ingreso bruto de los contribuyentes, el inconveniente de una recaudación fiscal confiscatoria es que a la larga provoca la quiebra de las empresas y la reducción de la recaudación futura con todos los efectos socioeconómicos sobre la generación de valor económico y sobre el empleo.

Venezuela un país dominado por la retórica mediática entre la anti política y la anti economía, domina la escena todo tipo de propuestas económicas de naturaleza macroeconómica: desde la «dolarización», la liberación del mercado (de bienes y servicios, de pagos externos,…), la disciplina fiscal y monetaria. Sin embargo, se deja fuera el contexto microeconómico y la existencia de todo tipo de regulaciones cuyos incentivos perversos, factores que de no corregirse en su origen como la debilidad institucional del país y la ausencia del análisis de impacto regulatorio, en lugar de resolver problemas los agrava. El país reclama como mínimo, la autonomía e independencia de los poderes públicos de los unos con respecto de los otros, es condición necesaria, la presencia de contra poderes públicos que permitan el equilibrio y freno de decisiones arbitrarias sin consideración alguna de sus efectos colaterales directos e indirectos a través del mercado.

[1] http://www.eumed.net/libros-gratis/2009b/563/Impuesto%20sobre%20actividades%20economicas%20de%20industria.htm

Anti fragilidad e innovación frugal en el desarrollo local

Una gobernanza transparente fundada en la confianza

Evento: Antifragilidad e innovación frugal en el desarrollo local desde la perspectiva de la gobernabilidad transparente

A nivel local y regional es condición necesaria la difusión de cultura fundada en la confianza del “poder de la asociatividad”, de la creación de espacios de poder público con participación de la academia, de los gremios profesionales, de las cámaras empresariales, de la gente todos juntos para generar capital social, es decir, empoderamiento.

La superación de la crisis estructural-cultural que sufre el país llevará tiempo y será posible en el momento de que un relato diferente de la manera de vivir con sentido de propósito esté claro para un número suficiente de venezolanos con capacidad de alinear y movilizar la sociedad hacia una auténtica democracia deliberativa.

El factor clave lo constituye la confianza, en un medio de extrema escasez e incertidumbre solo la esperanza de poder delegar, de creer en el otro, con una actitud prospectiva, es la forma de lograr el éxito en los emprendimientos. El futuro de cada uno dependerá de la acción de otro, habrá que abandonar la tentación totalitaria del control de los demás y de su tiempo. Hay que creer que los otros serán capaces de actuar de manera consensual frente a cualquier situación y hay que pensar en la creación de capacidades para que la gente pueda resolver los problemas en el mismo lugar donde se presentan.

Es condición necesaria:

Primero, superar la arraigada cultura bajo la cual se supone que cualquier cosa puede ser considerada como verdad sin necesidad de consistencia argumentativa, ni de evidencias que las sustenten,

Segundo, asumir que existen unas condiciones materiales que solo permiten logros bajo la liberación del mercado de los incentivos perversos que promueven en las acciones individuales intereses contrarios al interés general, es un asunto de estado, pero es también un asunto de cultura cívica,

Tercero, la necesaria consciencia de que la actividad humana consiste en una adecuada armonía con el medio ambiente en el uso del dinero, la energía, la materia y la información con el más bajo desorden posible.

Para el despliegue de una gobernanza local transparente exige:

Contar con estrategias heurísticas “rápidas y frugales” para tomar buenas decisiones, aunque el tiempo, el conocimiento y la capacidad de cálculo sean limitados. Es el hacer más (cantidad), mejor (cualidad) con menos (entropía). Es un enfoque asentado en el “Small is beautiful”.
Crear alternativas, poseer variadas opciones es una forma diferente de hacer cosas con sentido de oportunidad con asimetrías con gran creación de valor y con ligeros daños. Es un modo de domesticar azar, de actuar de una manera racional sin necesidad de entender (o “adivinar”) el futuro sino de explorar sus rastros que uno piensa no tiene lugar en el presente.

La importancia de la economía en los procesos políticos.

Hay cuestiones que son de difícil discernimiento en el paradigma convencional de la economía sobre la racionalidad de los seres humanos. Somos razonables, pero dificultosamente racionales por el rol importante que tienen, hoy en día, los impulsos de las emociones sobre las decisiones. Impulsos reforzados por la carencia de información completa, el simplismo lógico, el imaginario popular y la manipulación mediática de la realidad. El populismo ha sido el gran beneficiario de esas anomalías del saber económico, de la debilidad institucional, de la anti-política y del desorden. Es la crisis de la democracia liberal por la disonancia entre las élites en el poder y la gente.

Hay que recuperar la confianza entre las élites encargadas temporalmente del ejercicio del poder y la gente afectada por esa delegación transitoria de poder. Las instituciones tienen que poseer estructuras que reduzcan la brecha comunicacional entre las élites y la gente, en términos de la formulación de la política pública, de su ejecución y de sus impactos. La gente actúa bajo las pulsiones, de los impulsos sujetos a errores sistemáticos, a lo cual se suma una desidia social que obstaculiza la reflexión profunda de las causas de los males económicos y sociales.

Es importante comprender cómo se formula política económica para que permita la superación de problemas de naturaleza rutinaria (corto plazo) y estratégica (largo plazo). En la dinámica de ajuste de los procesos económicos hay mecanismos que permiten su estabilidad. Los marcadores macroeconómicos más importantes son: tasa de inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés, la tasa de crecimiento y la tasa de desempleo. Un marco regulatorio requiere una gobernanza responsable del manejo fiscal del gasto público y de la emisión de billetes y monedas por parte de la autoridad monetaria. El marco normativo institucional de control de la política fiscal y de la política monetaria, debe contribuir con las fluctuaciones suaves de esos marcadores, y su retorno continuo hacia la estabilidad, ese es el mecanismo de respuesta endógeno de autorregulación del sistema. A nivel institucional, el marco regulatorio debe evitar que los funcionarios y la gente puedan hacer un aprovechamiento interesado, de las regulaciones, en su propio beneficio, alejándose de los propósitos perseguidos por las regulaciones. El sistema fuera de sus límites interrelaciona con el medio externo, en los ámbitos económico, social y político, con impactos recíprocos inestables y dinámicos.

El petróleo en el futuro de Venezuela

Ganancias extraordinarias petroleras: la inversión en progreso técnico, los fondos anticíclicos y el derroche como paradigmas en la explotación petrolera.

El entorno económico mundial es adverso para los venezolanos y lo va a ser durante bastante tiempo, la principal fuente de recursos «el petróleo» se encuentra ante una sobre oferta y una demanda con poco crecimiento. La causa fundamental de la sobre oferta, guarda relación con el progreso técnico que reduce los costos y aumenta el rendimiento de extracción, curiosamente ese progreso técnico se hizo posible gracias a las ganancias extraordinarias que generó el negocio petrolero durante el período de precios altos. Otros países crearon fondos para contingencias de manera de suavizar la volatilidad histórica de los precios del petróleo. Venezuela no hizo ni lo primero y mucho menos lo segundo, ni siquiera aseguró el mantenimiento adecuado de la capacidad de la industria. En nuestro país toda esa inmensa renta petrolera se desvió hacia el consumo de bienes y servicios importados, en forma de gastos de naturaleza asistencial sin ninguna consideración de sensatez económica.

Una empresa no puede entrar perdiendo, pero una vez en el mercado puede quedarse perdiendo, si resulta que pierde más saliendo

La lucha en el mercado petrolero es también desfavorable para el país, Arabia Saudita, Irán y casi todos los países del Golfo Pérsico se encuentran en una fuerte apuesta de producir para no ceder mercados, han jugado a la baja de precios intentando sacar a los productores norteamericanos del mercado, cuestión difícil porque las innovaciones siguen y hacen menos costosa la producción y también, porque en economía es más fácil impedir la entrada a un competidor que sacarlo toda vez que se establece en el mercado. No se puede entrar en un mercado perdiendo pero si se puede permanecer perdiendo, pues el punto de retiro viene dado por la decisión de la menor pérdida, es decir un productor cerrará sus operaciones cuando la pérdida de operar sea superior a la pérdida de salir, de manera que es poco probable ni siquiera una estabilización de precios en el corto plazo. Hoy en día el petróleo ha caído a menos de 30 dólares por barril, debido a la fuerte competencia entre los principales productores de la OPEP: Arabia Saudita, Irak y ahora Irán. Los grandes perdedores lo constituyen el resto de los países de la OPEP, entre ellos el mas despilfarrador: Venezuela.

Autoabastecimiento y energías alternas al petróleo en el primer mundo: el estancamiento de la demanda.

Los mercados de los países del primer mundo se encuentran en una situación poco favorable para las importaciones, Estados Unidos puede decirse que hoy ha alcanzado el autoabastecimiento de gas natural y hasta va a exportar, con respecto al petróleo ya no es vulnerable a los shocks energéticos como en otra época. La Comunidad Europea da cada día más pasos en la dirección del uso de energías alternativas que en este momento casi tienen precios competitivos con la energía fósil, de modo que en nuestros mercados naturales la situación es compleja para mantener nuestro posicionamiento. El gran mercado en un próximo futuro lo representan China e India (también otros países asiáticos), geográficamente es el campo de contienda de los países del Golfo Pérsico. Venezuela allí tiene pocas cartas que jugar, no posee capacidad y de paso tiene convenios con China en condiciones que no les son favorables.

Venezuela en la encrucijada: entre el riesgo de un estado fallido y el fortalecimiento institucional.

En el corto plazo está el tiempo para la búsqueda de apoyo financiero internacional, pero regresar a esos mercados hoy en día no es posible sin un plan de reformas económicas e institucionales que generen confianza y puedan asegurar la superación de la crisis honrando los acuerdos suscritos. La líneas centrales de ese plan, del cual para nada habla el Gobierno en Venezuela y que tampoco se plantea con claridad en nuestros medios políticos, necesita poderes públicos autónomos e independientes, simplificación y optimización del marco regulatorio, sometimiento de las reglas a evaluación previa de impacto y libres de asimetrías de información e incentivos perversos, por último, reglas anticíclicas en materia fiscal y monetaria.

De no asumir esa responsabilidad, en un país donde durante casi todo el periplo petrolero lo único que se hizo fue extraer renta petrolera y derrocharla, quienes se beneficiaron de ese oficio, pueden mudarse de actividad hacia otra que también genera rentas: el narcotráfico, de modo que se pasaría de la renta petrolera a la «narcorenta».

Una buena elección cuando aún hay tiempo, puede augurar un buen futuro para el país como potencia petroquímica y no como un simple vendedor de crudo.