En Venezuela, hay condiciones que limitan la efectividad de una política expansiva del gasto público. Para que una política de demanda sea adecuada, la economía de un país debe presentar un contexto con:
- Existencia de inventarios de materias primas e insumos de la naturaleza que necesitan las empresas con capacidad ociosa;
- Una fuerza laboral calificada desocupada capaz de operar eficientemente en las empresas con posibilidades de aumentar su producción y con acceso a materias primas, insumos, partes y piezas de recambio;
- Un mercado con suficiente poder adquisitivo para adquirir esos productos a un precio que permita la sostenibilidad de las empresas.
Esas condiciones están muy lejos de cumplirse en nuestro país, por lo cual cualquier intento de aumentar el gasto público por la vía monetaria, mediante emisión de dinero, se transformaría en inflación.
Domina en nuestro medio un discurso que deja de lado, por una parte, la trama de la rapidez de los ajustes de las variables financieras y, por otra, la lenta respuesta de los procesos fabriles de la manufactura. La política monetaria tiene impacto instantáneo sobre el tipo de cambio y, en el horizonte semanal de la toma de decisiones, en la producción del sector manufacturero, en las estructuras de costos y precios de manera asimétrica e incierta. Todo esto ocurre dando lugar a pérdidas o ganancias en el sector, al margen de sí los procesos de producción, conducidos por los emprendedores, se hacen con eficiencia económica.
El desahogo de las necesidades de capital de trabajo del sector productivo sería posible si el marco institucional facilita la entrada de las pequeñas y medianas empresas en el mercado de capitales. De este modo, se pueden crear obligaciones quirografarias, papeles comerciales y titularizaciones de deuda a corto, mediano y largo plazo. Al permitir que personas con dinero extra inviertan de manera productiva, este movimiento de liquidez no genera el riesgo de inflación que podría existir con la emisión irresponsable. Sin embargo, es importante reducir los altos costos de transacciones en registros y notarías, ya que esto encarece el acceso al mercado de capitales. En nuestro país, las empresas enfrentan un grave problema de patrimonio infravalorado. Esta situación se debe a la mala gestión gubernamental, no a los emprendedores, es una de las consecuencias de la corrección monetaria del mes de julio 2021.
Desde una perspectiva institucional, es crucial que las regulaciones estén libres de vicios como el uso de información privilegiada, el poder discrecional y los incentivos perversos. Porque estos factores permiten la extracción de ganancias por parte de aquellos en el poder y sus aliados, en lugar de favorecer a los sectores que añaden valor. La política económica tiene que estar sujeta a la evaluación previa de impactos, para alcanzar un crecimiento sostenible de más del 8 % por año, continuos durante 7 años, si se quiere lograr el nivel del producto interno bruto (PIB) del año 2014. Desde el segundo trimestre de 2019, la emisión irresponsable de dinero, con alzas y bajas, ha mostrado una tendencia a la disminución, es lo que dio como resultado la superación del estado de hiperinflación. A la fecha de hoy, aun la emisión sigue siendo elevada y es la explicación del porqué la inflación se encuentra alrededor del 10 % mensual, en este momento.
Solo la sostenibilidad de los precios del petróleo, la recuperación de su capacidad de producción y el aumento de las exportaciones, pueden proporcionar un flujo de divisas significativo más allá del corto plazo. Hasta el presente, esas fuentes han permitido que el Banco Central de Venezuela intervenga en el mercado cambiario para sostener el tipo de cambio, con un impacto menor al de fechas pasadas (2013-2019) sobre las reservas internacionales netas. Los registros de las variaciones promedio mensuales se han reducido desde 2019, e incluso durante el mes de enero y febrero de este año ha sido casi nula, con un nivel de variación que oscila entre 0,6 % y -1 %.
Para que las empresas puedan obtener crédito y participar en el mercado financiero internacional, es importante llegar a un acuerdo para levantar las sanciones que afectan el país. Ellas deben ser específicas a quienes actúan mal, no respetan los derechos humanos y están incursos en actos de corrupción.
