El desenfreno populista en América Latina

La evaluación de la gobernanza colombiana es paradójica, con los puntos positivos de una política de recepción bastante benévola para los emigrantes de nuestro atribulado país, que ha sido una excepción en relación con las reacciones bastante hostiles de otros países de la región y con una respuesta a la pandemia que se juzgó favorablemente a pesar de un dramático número de víctimas humanas; en Colombia, al igual que Perú y Chile, que han sido los países de Sudamérica con los mayores logros económicos y de innovación desde hace dos decenios, los electores se han inclinado por opciones claramente populistas.
Así como existe un retroceso político en países con éxito económico, en otros en condiciones de precariedad económica y social también se manifiesta entre los factores democráticos, al punto de que cualquier atisbo de recuperación económica es visto mediáticamente como propaganda política.

 

El éxito económico no ha permeado hacia la clase media en Latinoamérica, pues para adquirir una vivienda tendría sucesivamente que acumular la totalidad de sus ingresos promedios, en el sector formal, durante 21 años en Chile, 15 años en Ecuador, 22 años en Colombia, 25 años en Perú y 26 años en Venezuela. Si se trata de un vehículo en Chile habría que esperar 2 años, en Ecuador 4 años, 5 años en Colombia, 4 años en Perú y 15 años en Venezuela. Son unas de las tantas fuentes de la indignación de la gente que se siente excluida del progreso económico en esos países.

Uno de los orígenes de la indignación de las clases populares y medias del sector formal se encuentra en la incapacidad de acceder con sus ingresos a un nivel de bienestar que se encuentra muy por debajo de sus expectativas, al compararlas con la visibilidad mediática de quienes disfrutan más del progreso económico de sus países o de quienes guardan una relación privilegiada con el poder cuando se trata de países en condiciones de precariedad económica y social.

En Colombia, la derecha se acercó a las elecciones en una posición débil. Una fuerte impopularidad del presidente saliente que cambió en gran medida el panorama, en comparación con las elecciones anteriores. Por lo tanto, es el candidato de izquierda, Gustavo Petro, el principal líder de la oposición, quien se ha beneficiado de ese rechazo del gobierno y aparece levemente favorito, en la segunda vuelta, para las elecciones presidenciales.

El populismo del candidato Petro luce más estructurado que el de Hernández, en Venezuela como tendencia, la expresión de esa variante evoluciona hacia un estado comunal con economía de mercado o a un capitalismo comunal por conveniencia. Es lo que uno observa en el campo, en las pymes y en entre los pequeños comerciantes informales de zonas agrícolas y en las periferias urbanas.

Es el drama latinoamericano del cual no escapa nuestra nación: una profunda cultura populista, tanto de los factores democráticos como del autoritarismo, sin propuesta con sentido de propósito frente a la pobreza y la desigualdad. Mientras se siga la afanosa y destructiva canibalización entre opositores, buscando un mesías o el azar casuístico, no habrá un camino fácil.

En nuestra Venezuela, la modernidad democrática como proceso de reformas firmes y graduales no superó el breve decenio de evolución entre febrero de 1936 y octubre de 1945. Luego entre la aspiración de una gobernanza democrática “llave en mano” en la cual, de la noche al día, todas las aspiraciones sociales serían alcanzadas, se fue tejiendo lentamente y sin pausa, un populismo bien intencionado que fue derivando en una cultura de apropiación de la renta petrolera mediante la adscripción interesada a la política como emprendimiento.

El “sálvese quien pueda” está dejando fuera del juego al liderazgo opositor, estamos en presencia de un descarrío de la democracia. Hay que acercarse a la gente de la periferia urbana y rural para ver, sin cuentos de intermediarios mediáticos, que ellos sí están enterados de la retórica del gobierno y de nada sobre la oposición. Es difícil que una oposición de redes sociales pueda convencer con tan solo nombres de candidatos sin un mensaje alentador, factible, convincente para esos electores.

Son las razones por las cuales se perpetúa el autoritarismo donde existe y resurge sin aparente explicación en Colombia, Chile, México, Perú, … Son realidades de nuestros pueblos. Es la muestra del abandono de los electores, más allá de las ciudades de las redes mediáticas, como convidados de piedra en su pobreza. Gente que, en medio de adversidades, cuando algún éxito alcanza por su propio esfuerzo es también despreciada gratuitamente, además de sufrir las penalidades de un mal gobierno.

Mientras el destino nos alcanza, en esos lugares de la periferia hay una oposición emergiendo con su propia narrativa, visión compartida y enormes ganas de realización, más allá de la diatriba política e ideológica. Esta visión se evidencia entre quienes se plantean desafíos en sus espacios de transformación y creación de valor, como el de los agricultores cuando se fijan metas de aumento de la producción de arroz desde 240.000 TN (2021) a 400.000 TN este año y de la producción de maíz desde 850.000 TN a 1.000.000 TN para este año.

@fjcontre35

Etiquetas: Autoritarismo; Desigualdad; Exclusión social; Indignación social; Inmovilidad social; Populismo.

El impacto regulatorio en pequeñas y medianas empresas de países frágiles

EL IMPACTO REGULATORIO EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE PAÍSES FRÁGILES

Francisco J Contreras M

Broward International University

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9448-2543

E-mails: fcontrer@uc.edu.ve / fcontreras@faculty.biu.us

Resumen

El análisis de impactoregulatorio es una metodología diseñada para evaluar la acción de gobernanza pública a través del análisis de los costos y los beneficios sociales. Las regulaciones gubernamentales han sido justificadas y estudiadas por la Ciencia Económica a partir de la existencia de los fallos de mercado que se manifiestan a través del ejercicio de poder de monopolio, de precios que no reflejan todos los costos o los ingresos, o por la existencia de asimetrías de información entre los actores económicos. Sin embargo, en materia de distorsiones inducidas por las regulaciones, la interpretación y la evaluación de impacto ha sido insuficiente, en países europeos (OECD,1997) esos fallos «regulatorios» comenzaron a ser evaluados. En consecuencia, es necesario evaluar los fallos que proceden tanto del mercado, como de las propias regulaciones que pretenden corregirlas.

Palabras clave: Fallos del mercado, Impacto regulatorio, Poder de monopolio, PYMES

Introducción

Hay un doble impacto de las regulaciones, los directos que proceden de la propia acción gubernamental y los indirectos que se desarrollan como «contagio» de una cultura al interior de la empresa. El mal diseño de la política pública puede dar lugar a la reasignación ineficiente de recursos, a la reducción del espíritu emprendedor en favor de comportamientos rentísticos, a la descapitalización, a la destrucción del talento humano y a las transferencias o traslado de costos hacia terceros. Es necesario hacer frente a comportamiento arbitrarios y destructivos de valor por parte de quienes tienen poder e influencia sobre las organizaciones. El procedimiento consiste en identificar los impactos anticipados por las regulaciones gubernamentales y de su contagio dentro de las organizaciones.

Los impactos regulatorios

Los impactos anticipados por las regulaciones gubernamentales se pueden agrupar de la forma siguiente:

• Primero: los gastos que involucra la formulación de la regulación (infraestructura), la administración de su ejecución (Burocracia, carga administrativa, documentación,) y su cumplimiento (gestión día a día y los costos de operación).

• Segundo: el costo e ineficiencias de los efectos secundarios, colaterales e inesperados por la actuación de los grupos de interés a través de los mecanismos de mercado.

Hay fallos de mercado que favorecen la transferencia indeseada de valor como el control privilegiado de información por parte de funcionarios públicos y aliados de ocasión y los incentivos que promueven actuaciones que destruyen valor social y recrean riesgos morales.

Nuestro planteamiento es extender el análisis de las regulaciones gubernamentales, a las normas, procedimientos y relaciones contractuales que surgen dentro de la empresa privada, en las relaciones entre las partes interesadas involucradas con la misma, con la finalidad de evitar la extracción interna de rentas.

Las empresas y los fallos normativos

Las empresas enfrentan tanto a los impactos de las regulaciones gubernamentales, como a los propios creados por convenciones, procedimientos, protocolos y acuerdos procedentes de diferentes partes interesadas:

• Accionistas.

• Consejo directivo, junta directiva, comités directivos.

• Cuerpo gerencial.

• Familiares (en el caso de empresas familiares).

• Proveedores y clientes.

• Trabajadores sindicalizados.

En países frágiles el marco regulatorio gubernamental es tan extenso e intenso que propaga una cultura que empodera al ejercicio de la discrecionalidad de quienes poseen el poder y la influencia de las partes interesadas (stakeholders) en las empresas privadas. Si no se canaliza ese poder de las partes interesadas para el logro de un consenso a través del dispositivo estratégico de la organización, el fracaso es inminente. Una relación entre partes interesadas sobre la base del poder, y no sobre la base de la creación de valor, es el camino más expedito para la quiebra.

A modo de ejemplo, en una organización donde las remuneraciones del personal que labora, desde los sindicalizados, la burocracia, los familiares y los accionistas se deciden en función de criterios discrecionales fundados en el poder o de reglas ad-hoc con desconocimiento de impacto regulatorio, deja el futuro de la empresa en manos de los menos competentes.

El ejercicio de poder arbitrario gubernamental no solo es un problema a partir de sus actuaciones, el problema más serio es el que deriva del contagio y adopción de esa cultura en la empresa, es más grave porque en la empresa no es posible la emisión inorgánica de dinero para financiar los costos de transacción, ni las ineficiencias que recrea el poder arbitrario. La adicción que genera el poder es peor que la que genera la codicia, la codicia tiene que crear para acumular y el poder tan solo tiene que apropiarse de lo que otros crean, la codicia crea repulsión, el poder adulación.

Las preferencias de las partes interesadas con capacidad de incidir sobre la creación de valor

La identificación, expectativas organizacionales y preferencias de las partes interesadas con capacidad de creación de valor (Kenny, G. 2014), comprenden los siguientes aspectos:

1. Identificar las partes interesadas de las cuales depende el éxito.

Sin el apoyo de los clientes, los proveedores, los empleados, los familiares de los accionistas, la junta directiva y los accionistas, no es posible una organización funcional. Hay que identificar quiénes son clave para la sustentabilidad a largo plazo y la prosperidad de la empresa — y luego alinear sus intereses con los de la organización y viceversa —. Por ejemplo, a nivel de talento humano, es necesario el logro de acuerdos con gente buena, bien capacitada, que prosperarán en el trabajo, cuando las personas están realmente felices en sus empleos, proporcionan mejores resultados.

2. Reconocer lo que se espera de las partes interesadas.

Es necesario pensar en lo que la organización espera de cada actor. Por ejemplo, las ventas y el crecimiento de la facturación provendrán de clientes satisfechos, de la productividad y la innovación en los empleados, igualmente satisfechos y de los bienes de calidad y buen servicio a precios razonables de proveedores, igualmente satisfechos. Se requiere diseñar los objetivos y metas claras, desde cada grupo de partes interesadas, antes de desarrollar una estrategia inteligente para cada uno de ellos.

3. Identificar las preferencias de las partes interesadas de la organización.

Hay que articular lo que las partes interesadas esperan de la organización con lo que la organización espera de ellas. La identificación de las cosas que deben sobresalir en la relación con las partes interesadas son factores clave de éxito.

Etapas en la medición de los impactos de origen interno

Primera etapa. Relación de problemas entre el dispositivo estratégico de la organización y las partes interesadas:

1.1. Identificación de los problemas: Se debe señalar cuál es el fallo organizacional o de la norma, procedimiento o regla cuyos efectos nocivos se pretenden corregir y cuál es su relación con el propósito de la norma.

1.2. Desarrollo de las principales opciones normativas: Hay que crear una biblioteca de opciones incluyendo la de «no hacer nada» cuando de manera espontánea, las actividades cotidianas encuentren soluciones en la medida que se presenten dificultades.

1.3. Definición precisa de los propósitos del marco normativo: Es importante que las opciones consideradas tengan una relación clara con los propósitos.

Segunda etapa. Análisis del impacto de las diferentes alternativas:

2.1. Análisis de los impactos: Se deben identificar y medir los efectos posibles. Es importante considerar los efectos indirectos y tratar de anticipar posibles efectos no deseados. Además, se debe analizar si hay medidas que se solapen entre ellas o medidas cuyos efectos se extiendan a otros ámbitos.

2.2. Comparación de las opciones consideradas en función de su impacto neto: El análisis de impacto debe presentar las opciones con su análisis, de forma que se pueda jerarquizar en acuerdos a criterios previos y efecto neto.

Tercera etapa. Consulta estratégica:

3.1. Consulta a nivel de dirección estratégica de las propuestas: Todos los métodos enfatizan la importancia de que la propuesta seleccionada sea por consenso con los agentes afectados. Las respuestas recibidas se deben analizar y es deseable que se publique si la propuesta se ha modificado como consecuencia de la consulta o si no lo ha hecho, explicando en este caso las razones.

Cuarta etapa. Seguimiento posterior:

4.1. Revisión de la efectividad de la norma: Ya se ha comentado que no se incluye esta etapa pero que es deseable que se realice una revisión de los resultados conseguidos por el método.

4.2. Transitoriedad: La experiencia en empresas que han aplicado el método, refieren que la norma tendrá carácter experimental durante un lapso de 6 meses a un año. En cualquier momento si se detectara algún fallo por asimetría de información, ejercicio perverso del poder discrecional o presencia de comportamientos extractores de renta, la norma se suspenderá hasta tanto se corrijan esas desviaciones de su propósito.

Conclusión

El análisis de impacto regulatorio se creó inicialmente como método para la optimización de la política pública, este trabajo permite validar su adaptación con el propósito de mejorar la gestión de pequeñas y medianas empresas (PYMES) de economías con fragilidad institucional.

En entornos con inestabilidad económica, los diferentes actores con poder e influencia en las empresas tienen un importante impacto sobre la creación de valor, su distribución y sostenibilidad en el tiempo. Esta condición es la que da utilidad a la aplicación del análisis de impacto regulatorio en el diseño del dispositivo estratégico organizacional, como herramienta para la alineación de los intereses particulares con los propios de la empresa.

Referencias

COFEMER (2019). Guía para evaluar el impacto de la regulación. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/502288/Gui_a_para_Evaluar_el_Impacto_de_la_Regulacio_n.pdf

García Santos, M. (2005). Ética, equidad y normas de conducta en los mercados de valores: la regulación del abuso de mercado. Revistasice.com. ICE: Revista de economía, ISSN 0019-977X, Nº 836.
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/797/797

Kenny, G. (2014). A list of goals is not a strategy. Harvard business review.
https://hbr.org/2014/11/a-list-of-goals-is-not-a-strategy

OECD (1997). L’analyse de l’impact de la réglementation: Meilleures pratiques dans les pays de l’OCDE, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264262157-fr.

Jugar con la economía

Es un error de consecuencias fatales confundir el consenso reflexivo que exige la economía, con las falsas prescripciones influidas por el deseo de hacer concesiones a cada parcialidad del pensamiento como si fuese posible tomar un poco de cada cosa y tener un buen resultado porque todos han sido complacidos, es la historia económica del extravío de un país.

Es jugar con fuego, como lo hace el gobierno, el frenar y alimentar, espasmódicamente, la creación irresponsable de dinero y la asfixia regulatoria, como también juegan quienes critican todo sin fundamentos ni evidencias, esperando sin propuestas que alguna fuerza exterior nos resuelva la irresponsabilidad social de no ofrecer soluciones.

A lo largo de estos últimos 23 años de gobernanza, una constante en el desorden monetario ha sido la emisión irresponsable de dinero tanto en momentos en los cuales fue orgánica pues estuvo respaldada con suficientes reservas internacionales netas (1999 – agosto 2016) como en fechas posteriores cuando fue inorgánica pues no contó con ese respaldo. Con un crecimiento mensual promedio de la cantidad de dinero en 11 %, durante 1999-2022, es imposible la contención de la inflación, pues al no existir una oferta equivalente de bienes y servicios, sea con productos nacionales o importados, la demanda excederá a la oferta presentándose una condición para el aumento generalizado y desordenado de precios.


En un primer momento (1999-2016) la inflación fue galopante con un nivel mensual de 2,8 % a 3,0 %, el impacto no fue mayor porque los precios y los niveles de exportación del petróleo lo impidieron. Luego (2016 – 2018) se intensificó la creación de dinero alcanzando 35 % mensual, la inflación se hizo galopante oscilando entre 35 % y 48 % por mes. En un tercer momento, la emisión de dinero mensual promedia 93,5 %, fue inevitable el advenimiento de una hiperinflación en un rango mensual entre 107 % y 144 %. Fue un desorden anunciado que empobreció al país, lo quebró moralmente, lo llenó de colas, de mercados negros y de una cultura inmediatista y sin esperanza. Finalmente, desde abril 2019 la emisión irresponsable comenzó a reducirse, se permitió una dolarización imperfecta, se cedió en comodato o se devolvieron algunas empresas a sus dueños, se redujo el afán controlador de precios, los resultados todos los conocemos.

Lo acontecido durante estos últimos tres años es aleccionador, pues el dominio mediático del discurso, en las redes sociales, ha convertido la generación de ideas y argumentos, en un torneo donde el supuesto acumulador de seguidores y creencias se queda con todo. Brilla por su ausencia la capacidad deliberativa de suspender «supuestos a priori» en la búsqueda de un auténtico pensamiento que admita el acuerdo y la administración del desacuerdo, cuando uno u otro se haga presente. El necesario fluir, libre y tolerante, de significados es el que permite descubrir percepciones inalcanzables individualmente y es la manera política de hacerlo con rectitud.

«El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones» así lo prueban las generosas pretensiones de instaurar el mandato de la razón para materializar indiscutibles ideales sin la identificación de un cómo comenzar y un qué hacer desde lo que ya existe. La realidad social es más tumultuosa e impredecible de lo que suponen las creencias y utopías fundamentadas en transiciones que exigen desde la nada mucho a cambio de promesas de un futuro mejor para la felicidad de los hombres. En materia económica con sentido social siempre será mejor preferir los éxitos parciales pero efectivos que las grandes soluciones totalizadoras, fatalmente quiméricas.

Hay que estar en permanente alerta sometiendo a prueba las ideas, las leyes, los valores que rigen nuestro entorno, confrontándolos entre sí, sopesando su impacto en nuestra vida, eligiendo unos y rechazando los otros o, a costa de transacciones difíciles, modificándolas. Pero en el dominio económico, se debe permitir que florezca el orden espontáneo eficiente del mercado. Porque es una fuerza impersonal y anónima de la creación de valor. El Estado, para permanecer imparcial, debe contentarse con establecer reglas generales que, sirvan de marco para liberar la acción de los individuos en las tentativas de realización de sus proyectos vitales. Si el Estado pasa a hacer leyes de conveniencia, económicas o sociales, inevitablemente envilecerá el mercado y privilegiará intereses particulares, esto es lo que ha ocurrido con los dos pilares de la demolición material y moral del país: la emisión irresponsable de dinero y la asfixia regulatoria. No se puede esperar que estén dadas todas las condiciones, que cada uno espera, para comenzar los avances, hay que hacerlo ahora con propuestas para darle más fuerza a la recuperación económica que se viene observando desde el año 2019.

Etiquetas: Asfixia regulatoria; Emisión irresponsable; Emisión inorgánica; Hiperinflación; Inflación galopante; Orden espontáneo.

Un país de muchas revoluciones y pocas reformas.

Venezuela evolucionó desde comienzos del siglo XX por la vía gradual de las reformas socioeconómicas. Los propios mecanismos autorreguladores después de una vasta destrucción de la base material y social, iniciada con la entrega de Francisco de Miranda, llegaron a su clímax con el afán de recrear desde cero unas utopías sin propuestas que arrasaron hasta la propia sostenibilidad política de sus promotores. Es la historia de las revoluciones.

Un breve momento de reformas graduales comenzó con el programa del 21 de febrero de 1936 del entonces presidente de Venezuela, General Eleazar López Contreras, que cierra su ciclo con el golpe de estado del 18 de octubre de 1945, fue la experiencia de un país libre sin presos de consciencia ni perseguidos políticos y con avances económicos pocos vistos en el mundo. Es la breve historia de un tiempo de reformas.

Estamos frente al probable término, de una de las tantas revoluciones devastadoras que han asolado al país. El necesario discurso económico sobre esos trastornos es complejo y difícil, la propuesta del socialismo del siglo XXI se mostró con una retórica ideológica y política inspirada en el marxismo cuando en realidad respondió más al ejercicio autoritario populista e iliberal asentado en la extracción de rentas mediante la emisión irresponsable de dinero y la asfixia regulatoria. Ha sido una gobernanza cuyo mecanismo de perpetuación consistió en hacer pensar al común de la gente que la inflación, escasez, colas y todos los males sociales son responsabilidad de los adversarios, de complots internacionales, hasta de infortunios naturales, cuando por el contrario son las consecuencias de la mala conducción de la política económica y de las regulaciones extremas.

Hay una incertidumbre social recreada voluntariamente, pues predomina en la comunidad de los expertos, entre la gente y en los medios un enfoque fundado en la queja sobre el sufrimiento y en la desconfianza hacia todo y entre todos, una interpretación que remite de nuevo al deseo de una revolución sin una clara definición de relato de país como propuesta alternativa con sentido de propósito, para enfrentar la pobreza, liberando a la mayoría excluida de su sometimiento y la extorsión mediante dadivas para la compra de conciencias.

En otra perspectiva, prevalece entre los factores democráticos una cultura, igualmente populista e iliberal, fundada en la idea de la imposibilidad de tomar cualquier iniciativa de mejora política, económica y social del país hasta que no estén dadas unas condiciones objetivas en materia electoral y en la desconfianza, rasgos que poco la diferencian de la intolerancia en ejercicio del poder hacia quienes piensan diferente.

Durante estos últimos 23 años en nuestro país ha proliferado todo tipo de regulaciones tendientes al control de las variables resultado, mediante regulaciones de precios, del tipo de cambio, del mercado laboral y del mercado de pagos internacionales. Pero, esos intentos de fijación de las variables resultado, al no tratar las causas de fondo empeoraron los orígenes de los desajustes económicos. La experiencia ha sido desoladora, los precios no cesaron de aumentar, los mercados negros proliferaron, se paralizó la producción y se agotaron las reservas internacionales con un agudo desabastecimiento e hiperinflación.

Dejar las cosas como están, a la espera de otra revolución, de manera directa o velada, hará resurgir una vez más los males económicos, la presión tributaria con el sostenimiento y aumento del déficit fiscal. En nuestro criterio, un ajuste macroeconómico que cumpliera su cometido de estabilización de precios, de transparencia cambiaria mediante una dolarización imperfecta con depreciaciones o devaluaciones sucesivas, de equilibrio fiscal y cesación de la emisión irresponsable de dinero es un buen signo para el advenimiento de otras reformas que resuelvan los problemas más allá del muy corto plazo. No puede haber demora en el acometimiento de un proceso de simplificación y optimización del marco regulatorio en función de la respuesta esperada del mercado (análisis de impacto regulatorio) porque la inacción a la larga nos conducirá a la superación de la crisis luego de un largo tránsito doloroso y sufrido.

En nuestro país se ha ensayado sin éxito todo tipo de ajustes o paquetes económicos. Siempre con una convocatoria a diferentes grupos representativos de intereses convergentes con los gobiernos de turno, pero jamás con la debida representatividad del país como un todo y mucho menos para asumir una verdadera reforma económica e institucional. La esperanza objetiva descansa en el optimismo realista de la Venezuela de hoy, con todas sus limitaciones y defectos, la que ofrece oportunidades para avances graduales desde la mejora de lo que existe y no desde su demolición sin sentido de propósito. Por supuesto es una Venezuela, descompuesta económica, moral y socialmente, que nos anima a buscar un mundo mejor. Y debemos continuar esta búsqueda. En verdad, no solo el mundo es hermoso, sino que los jóvenes de hoy tienen la oportunidad de verlo como nunca antes.