Desde el populismo hacia una gobernanza iliberal

Desde el 2019, hay evidentes signos de un cambio hacia un modelo político-económico iliberal de estabilización. Una gobernanza que se asienta sobre una “dolarización” imperfecta, una contención de la oferta monetaria (emisión de dinero y financiamiento bancario), una privatización parcial mediante la cesión del control económico de empresas expropiadas y una liberación del tiempo de trabajo de los funcionarios públicos para que realicen actividades que les permitan compensar su empobrecimiento atroz. Solo resta el paulatino ajuste de precios y tarifas de los servicios públicos. Es un estilo próximo de los modelos autoritarios de Turquía y Hungría.

La abstención no militante y la “anti-política”

En Barinas, a pesar del poder del estado y del desorden de los factores democráticos, la gente le puso freno a la “anti-política”, como de igual manera, los agricultores de los Andes, de la Colonia Tovar, de otros tantos lugares, las pequeñas y medianas empresas y los que madrugan cada día para trabajar agregando valor, le han puesto freno al sesgo pesimista sobre la economía arrojando luz de esperanza objetiva en Venezuela. Como todo acontecimiento positivo se requiere un perseverante trabajo prospectivo de manera que se capitalice el valor moral creado y el logro se transforme en una auténtica fuerza de cambio más allá de un punto de luz que formará parte del pasado

Las señales de la recuperación del país y el diseño de una prospectiva para la acción política

En la percepción de la economía del país domina la idea de que existe una asociación causal entre el éxito económico y el modo de gobernanza democrático, en nuestra historia esa presunción se sostiene con una coherencia tal, que ante cualquier pregunta siempre se tiene un cuerpo de respuestas adecuadas, lógicas y con una orientación finalista. De esta manera se ha negado, hasta donde sea posible, que haya habido una recuperación económica y un alivio de los problemas sociales en las propias comunidades de vecinos. Estos eventos han ocurrido en una condición de precariedad de los servicios públicos, de asfixia regulatoria, de fallos de suministro eléctrico y de escasez de combustibles.