“Quien diagnostica un problema, lo anuncia, se queja y no tiene propuesta es parte del problema”
Un modo de evaluar la estabilización económica de la nación es asumir que el modelo actual de gobierno y la fragilidad institucional del país no permitirán la liberación del mercado ni la eficacia de las políticas económicas. Por lo tanto, mientras existan esos escollos, hay que esperar superar esa condición antes de plantearse qué hacer. Esta es una opción incierta en la cual se agudiza la profunda desigualdad social ya conocida, producto del mal funcionamiento, cada vez mayor, de la economía de mercado.
Otra hoja de ruta es pensar que no es necesario esperar que estén dadas todas las condiciones institucionales para plantear propuestas factibles de ser acometidas de una vez, a las cuales el propio poder instaurado no pueda negarse a realizar. La precariedad socioeconómica extrema del país es tal que cualquier mejora económica alcanzada es un gran paso en el alivio de las penurias que sufren los más vulnerable.
Hay muchos emprendedores y venezolanos que han aprendido a sobrevivir sin una buena política económica y en un ambiente mediático hostil que los rechaza o ignora. Desde esta base social, es posible construir una nueva forma de hacer política y alcanzar un país diferente y mejor.
Es factible estabilizar la economía venezolana, frenar la inflación y evitar la erosión del tipo de cambio. No es necesario aguardar el advenimiento de un estado ideal para iniciar la transición. Por el contrario, es la oportunidad de tomar consciencia de que puede ser un catalizador de los cambios deseados de orden institucional hacia el logro de una auténtica democracia.
Es necesaria una gobernanza que haga todo lo posible por proteger el poder adquisitivo sin comprometer la competitividad ni alimentar la inflación. Cuando menos, hace falta bancarización con un sistema de múltiples monedas. El control de la emisión irresponsable de dinero no debería conducir a una crisis recesiva, en especial en la agricultura y las pymes.
Este escenario prospectivo exige acuerdos claros, tanto por parte del gobierno como de los actores con influencia y poder. El objetivo debe ser promover la competitividad de un mercado más eficiente y desarrollar incentivos que tengan en cuenta las transiciones ecológicas.
Las perceptibles señales de los alicientes para restablecer el equilibrio requieren la alineación entre la gobernanza pública y la acción de las empresas que puedan limitar las desigualdades, la exclusión social y las injusticias. El marco regulatorio debe estar libre de cualquier forma de extracción de rentas, de voracidad fiscal o de incentivos perversos que alientan los mercados negros. Estos son los signos de la estabilización que preceden una recuperación sostenida.
Como país es necesaria la participación ciudadana en la lucha contra la degradación ambiental y en el cuido de la biodiversidad. Las inversiones deben estar acopladas con esa transición ecológica.
En el ámbito académico y profesional, tenemos que animar y apoyar a las personas y organizaciones para que mejoren sus competencias. Es el modo acertado de hacer seguimiento de unas cuantas variables económicas e interpretar el entorno y sus efectos.
La gestión empresarial debe enfocarse en la creación de capacidades desde la adversidad. Esto exige la adopción de una cultura frugal: hacer más y mejor con menos. Es el modo de crear espacios y acuerdos en los que la competencia pierda sentido a favor de enfoques colaborativos en la economía.
Estas directrices abordan los retos de un entorno complejo que plantea la abrumadora e intensa afluencia de información inútil, distorsionada y sesgada. Para cada supuesta explicación de un suceso, es necesario validar su certeza, fundamentación y relevancia. Esta es la forma de eliminar cualquier correlación espuria, daño sistémico o comportamiento causado por las emocionales. Es el modo correcto de actuar de manera rápida y flexible en un entorno volátil, sin causalidad lineal, con efectos entrelazados e inimaginables.
Los políticos podrían mejorar la situación y llegar a acuerdos para desbloquear 3.568 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) que el Fondo Monetario Internacional asignó a Venezuela. Este beneficio se acordó para reducir la dependencia de la deuda externa e interna y contribuir a reactivar la economía. Esta cantidad debería incluir también más de mil millones de dólares estadounidenses almacenados en oro en el Banco de Inglaterra, más otros dos mil ochocientos que circulan a través de canales no bancarios o en custodia parcial. De allí la necesidad de lograr acuerdos políticos para gestionar, bajo supervisión internacional, una suma total cercana a los nueve mil millones de dólares. Estos recursos servirían para fortalecer la economía venezolana.
@fjcontre35